Claudia Bolaños Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Jalisco han sido omisos en crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura, como lo ordena el artículo 55 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una unidad, la Segunda Sala aprobaron el proyecto presentado por Esquivel Mossa, el cual enfatiza que la prohibición de la tortura es un derecho fundamental, cuyo ejercicio es absoluto, y cuya protección, garantía y respeto no admiten excepción alguna.
Ante ello resulta de suma importancia que las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas que permitan al Estado garantizar la eficaz prevención y persecución del delito de tortura a través del personal especializado y capacitado, así como de recursos financieros y materiales suficientes.
La Segunda Sala determinó que el Congreso y el Gobernador de Jalisco deberán iniciar, a la brevedad posible y de manera prioritaria, el proceso legislativo correspondiente, así como realizar todos los actos jurídicos y admnistrativos necesarios, a efecto de crear una fiscalía especializada para la investigación del delito de tortura.