Nallely de León Montellano
Mediante comunicado, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Zacatecas, manifestó su rechazo ante la posible aprobación de las herramientas legislativas para la actual Legislatura, mismas que otorgarían 200 mil pesos por diputado, que en su lugar tendrían que ser destinados a apoyos sociales.
En el documento con atención a la ciudadanía en general, así como a los 58 ayuntamientos del estado, al gobierno estatal e integrantes de la 64 Legislatura, se menciona que “hasta el momento únicamente los cabildos de Jerez, Zacatecas y Jalpa se han manifestado en contra del retorno de dicho recurso”.
Por lo anterior, quienes suscriben el documento consideran que la reforma al Artículo 65 constitucional estaría afectando al cumplimiento de los derechos otorgados por el marco normativo vigente, además de vulnerar otros principios constitucionales.
En este contexto señalaron el derecho humano colectivo al desarrollo, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el derecho humano a la transparencia, el derecho a la buena administración de recursos públicos, y distintos principios de legalidad jurídica.
Entre otros conceptos, reiteraron que el retorno de las herramientas legislativas es un acto legalmente improcedente, por lo señalaron que el rubro de “ayudas sociales” no deriva la obligación de proveer recursos públicos para su ejecución.
Asimismo, señalaron que este concepto de apoyos establece una relación jurídica inmediata con la sociedad, sin embargo, carece de una investigación objetivo identificable, así como de objetivos o metas por cumplir.
Finalmente reiteraron que continuarán trabajando en el análisis de este tema, así como en el seguimiento del caso de la denominada Estafa legislativa y la falta del titular del Órgano Interno de Control (OIC)