Claudia Bolaños
La jueza Karla María Macías Lovera del Noveno Distrito Federal en Guanajuato otorgó un amparo a una mujer soldado, tras comprobarse la existencia de "violencia institucional" en respuesta a su denuncia de acoso sexual.
Como resultado, ordenó al Ministerio Público Militar retirarse del caso y que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma la investigación contra los mandos castrenses involucrados.
La jueza determinó que las acciones tomadas contra la quejosa formaron una cadena de eventos relacionados temporal y lógicamente con su denuncia de hostigamiento sexual.
Los traslados de la mujer soldado de Jerécuaro, Guanajuato, a San Juan del Río, Querétaro, y luego a Apodaca, Nuevo León, fueron considerados como medidas punitivas destinadas a presionarla, aislarla o castigarla por su denuncia.
El caso se inició con la denuncia de acoso sexual por parte de la mujer soldado contra un teniente de la Guardia Nacional (GN) en Jerécuaro. Desde entonces, la soldado fue objeto de represalias laborales, incluyendo correctivos disciplinarios, traslados y procesos administrativos y judiciales.
La sentencia del amparo ordena el restablecimiento de los derechos laborales y prestaciones de la quejosa, su reinstalación inmediata en el cargo y rango correspondiente, así como el reembolso de los gastos realizados por ella y su familia debido a las represalias sufridas.
Además, se debe trasladar de manera segura a la quejosa a la Compañía de la Guardia Nacional en Pénjamo, su lugar de origen, y se le garantiza la posibilidad de ascenso dentro de la carrera militar.