Respaldan congresistas considerar al despojo como delito grave

EdoMex lunes 12 de mayo de 2025 - 18:13

Al lamentar que, en la entidad hay 14 delitos diarios de despojo, congresistas de morena, PVEM, PT, PAN y MC reconocieron la deuda de los poderes del Estado con la población en esta materia, pues aseguraron que debe ser una prioridad el proteger sus bienes patrimoniales, por lo que respaldaron las propuestas, presentadas por separado, del legislador Octavio Martínez Vargas (morena), del parlamentario José Miguel Gutiérrez Morales (morena) y de la bancada de MC, pues promueven su tipificación como delito grave y diferentes agravantes.

En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, el diputado Octavio Martínez y las diputadas Selina Trujillo Arizmendi (morena), Miriam Silva Mata (PVEM), Ana Yurixi Leyva Piñón (PT), Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN) y Ruth Salinas Reyes (MC) resaltaron los beneficios de las tres iniciativas para reformar el Código Penal estatal.

En este sentido, el diputado Octavio Martínez reprochó que no haya personas presas por este delito, por lo que reconoció que existe una deuda con la población que busca seguridad y certeza jurídica con sus bienes más preciados (después de su vida y su familia), y se pronunció por encontrar las coincidencias en las tres propuestas para avanzar con un dictamen en común.

Resaltó que su planteamiento considera agravantes si el delito se comete contra personas adultas mayores; si es cometido por personas servidoras públicas, con uso de la fuerza, forzando cerraduras, en ausencia de la familia o con el uso de documentos apócrifos. Además, indicó que considera 48 horas para que el ministerio público solicite, a la persona jueza de control, la restitución del inmueble a la persona propietaria que esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

La diputada Selina Trujillo admitió que no hay un castigo adecuado para este delito, pues incluso las penas propuestas son menores en comparación con otras entidades. Compartió que, en la Ciudad de México son 10 años de prisión, en Veracruz y Puebla entre 10 a 15 años y en Nuevo León siete años.

Tras señalar que esta conducta es una de las agresiones más directas a las familias, que lacera el tejido social, provocando incertidumbre, desconfianza e indignidad, la parlamentaria Ana Yurixi Leyva indicó que la legislatura debe actuar con responsabilidad, sensibilidad y compromiso.

Ante la impunidad por este delito, la legisladora Miriam Silva aseguró que se refleja la debilidad en el estado de derecho, porque no se cuenta con un marco jurídico fortalecido, y se pronunció por trabajar en las precisiones de las propuestas para lograr una dictaminación, particularmente en las que incluyen también el huachicoleo del agua.

Al presidir la reunión, la congresista Emma Álvarez refirió que, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el despojo es uno de los delitos más denunciados en materia civil y penal, lo cual exige fortalecer el marco jurídico y tipificar con precisión las conductas para evitar la impunidad pues, aseguró, el patrimonio de las familias se defiende y no se negocia.

Tras resaltar las coincidencias de las bancadas con incrementar las sanciones al delito referido, la legisladora Ruth Salinas solicitó acordar un número de años de prisión y acelerar la dictaminación de las iniciativas, para que las personas afectadas encuentren justicia y brindarles certeza jurídica.

Cabe señalar que la propuesta del legislador Octavio Martínez plantea hasta 10 años de cárcel, cuando el despojo se realice en contra de una persona adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzado de puertas o a través de intimidación. La iniciativa de José Miguel Gutiérrez propone sanciones sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa, y elevar sus penas hasta 17 años de cárcel para quienes dirijan la invasión y para las personas autoras intelectuales.

Finalmente, la iniciativa de la bancada de MC establece penas de hasta 25 años de prisión, cuando se trate de inmuebles privados, destinados a la vivienda o a la explotación agrícola, ocupados por personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.