Protegiendo la dignidad: Reforma legal en el Edomex contra la difusión de material sensible

El Estado de México dio un paso significativo en la protección de la dignidad y privacidad de las víctimas con la reciente reforma al Artículo 227 Bis del Código Penal. Esta medida, parte de las iniciativas conocidas como "Ley Ingrid" y "Ley Ocaña", busca salvaguardar el honor y la intimidad de las víctimas y sus familiares, imponiendo sanciones a aquellos que revelen o difundan material audiovisual o archivos relacionados.

La legislación, que contempla penas de cuatro a ocho años de prisión, multas y reparación integral del daño, refleja un firme compromiso contra la exposición masiva de material sensible en medios y redes sociales. En palabras de la reforma, se establece: “A la persona que sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales... realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o compartan, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas...”.

La reforma no solo aborda la responsabilidad ciudadana, sino que también considera la participación de servidores públicos en la cadena de justicia. Impone penas adicionales a aquellos que tengan acceso a información vinculada a procedimientos penales o investigaciones, centrando su atención en la difusión de material de víctimas vulnerables y aumentando significativamente las penas en estos casos.

Esta acción coordinada entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial surge como respuesta directa para prevenir casos similares a los de "Ley Ingrid" y "Ley Ocaña". El objetivo primordial es frenar la revictimización y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de quienes han sufrido delitos.

Cabe destacar que el decreto resulta de iniciativas presentadas por las Diputadas María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como la Diputada Luz Ma. Hernández Bermúdez, de Morena. La aprobación de este decreto por la LXI Legislatura del Estado de México demuestra el compromiso del gobierno en la construcción de un marco jurídico que promueva el bienestar y la cero tolerancia hacia actos que violen.