Persiste conflicto en Salaverna; involucrados asumen acciones

Ciudades jueves 02 de diciembre de 2021 - 02:00

Por Janeth Morales

Afectados por el caso Salaverna acusaron a Gobierno del estado de mantener una constante persecución penal en contra de quienes mantienen la lucha social y resistencia jurídica en defensa de las tierras en contra de la mina Tayahua-Guerrero, filial del grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim.

Cabe destacar que desde hace aproximadamente 13 años existe una problemática entre ejidatarios y la empresa minera Tayahua y Ocampo Mining por la posesión de un polígono de tierra de alrededor de 4 mil 650 hectáreas en Salaverna.

Por ello, el abogado defensor de los inconformes, Efraín Arteaga, pidió que cese de inmediato la persecución penal en contra del delegado municipal de Salaverna, Roberto de la Rosa Dávila, uno de los habitantes que mantienen la resistencia a entregar la posesión de los terrenos.

Por el delito de presuntas amenazas, de la Rosa Dávila y otro integrante del Comité de Posicionarios de Salaverna fueron citados para que se presenten el viernes 3 de diciembre ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del municipio de Concepción del Oro.

De acuerdo con el grupo de ejidatarios, ese día habrá dos audiencias en las que se formularán las imputaciones penales en contra de los citados, por el supuesto delito de amenazas, denuncia que, aseguró Arteaga, fue interpuesta por Jaime Alberto Morales Barrientos, empleado de la empresa Minera Tayahua S.A. de C.V., propiedad de Carlos Slim.

Los inconformes señalaron que esta demanda avanzó de manera inmediata en comparación a la serie de denuncias penales que los ahora agraviados han interpuesto en contra de la empresa minera y sus encargados por presunción de invasión, abuso y amenazas.

Ante esta situación, exigen que “cese la persecución penal en contra de Roberto de la Rosa Dávila que está llevando a cabo la Fiscalía y el Poder Judicial del estado de Zacatecas porque es evidente, todo mundo recordamos cuando se llevó el operativo para destruir la comunidad el 23 de diciembre de 2016”.

Además, el grupo de manifestantes exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que ordene la cancelación del proyecto de explotación a cielo abierto de la Minera Tayahua S.A de C.V. que cambió su razón social a Ocampo Mining S.A. de C.V.

Asimismo, piden que se investigue el dictamen emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el que, recientemente, la dependencia se posiciona a favor de la empresa minera, misma que, aseguran, actuó bajo un acto de corrupción en torno a los permisos territoriales.

"En lugar de investigar ese acto de corrupción, la Sedatu bajo mandato de Andrés Manuel López Obrador está tratando de consumar ese acto corrupto”, señalaron.