Ante la fuerte polémica que suscitó la decisión de Panam Sports de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2027, que se iban a efectuar en Barranquilla), la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, dio la cara el miércoles 3 de enero y sentó la postura del Gobierno nacional con respecto al caso, en el que la cartera negó tener responsabilidad de la determinación, que calificó de “sorpresiva”.
Además de un comunicado de cinco puntos, en el que explicó lo que, según el Ejecutivo, ocurrió en este caso, Rodríguez respondió a las preguntas de los periodistas en relación con este tema, que generó toda una tormenta mediática en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, que ha sido señalado como el principal responsable de la decisión que dejó sin justas a la capital del Atlántico.
Según explicó Rodríguez, la asignación de recursos por parte del ministerio hizo difícil que pudiera cumplir con el primero de los pagos que debía hacerse, el 30 de diciembre del 2023, por cuatro millones de dólares. Y que el 27 de diciembre, en una comunicación a Panam Sports, firma dueña de los derechos de los juegos, manifestó su deseo de asumir el costo total (USD8 millones) el 30 de enero de 2024.
Sin embargo, se vieron sorprendidos por la determinación que echaba por tierra la ilusión de los barranquilleros de recibir las justas más importantes del continente americano, que hacen parte del ciclo olímpico. “Tenemos la plata, tenemos toda la voluntad”, recalcó una y otra vez Rodríguez, que en la conferencia enfatizó en las dos opciones que tenía el ministerio para responder ante esta contingencia.
Aunque reconoció que incumplió con el primer pago pactado, según ella, debido a que no alcanzaron a gestionarse los recursos y quedaban en el concepto de “cuentas por pagar”, que se solucionaría solo hasta marzo de 2024, por lo que optaron asegurar los recursos para enero, a través de las vigencias para el arranque del nuevo año, para lo que tenían que destinar cerca de $35.000 millones.
“Intentamos hacer el traslado, pero el desembolso no llegaba en diciembre”, afirmó Rodríguez, que alegó en su defensa que tuvieron que asumir el compromiso en noviembre de 2023, luego de que el entonces alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera manifestaron que no contaban con el monto para cumplir con el pago. De hecho, desde 2021 se habrían registrado incumplimientos.