La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, se reunieron con los familiares de uno de los trabajadores desaparecidos en las bodegas de pollos en Toluca.
Hasta el momento, la institución de seguridad ha asegurado que no ha sido necesario implementar medidas de protección, aunque se comprometen a estar atentos a cualquier solicitud que garantice la integridad de la ciudadanía.
La Fiscalía mexiquense continúa con la investigación para localizar a los cuatro trabajadores desaparecidos, manteniendo la reserva de datos para no interferir con el proceso. La situación se torna más compleja con los recientes señalamientos de la dueña de las bodegas de pollo, quien alega que la seguridad fue retirada.
Según datos preliminares, se revela que existía un contrato con los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), con pagos mensuales de 13,000 pesos. Sin embargo, estos pagos se dejaron de realizar, lo que resultó en la retirada del servicio, según explicó la Secretaría de Seguridad.
La Secretaría también aclaró que, de acuerdo con las políticas generales de contratación de servicios del CUSAEM, no intervienen en la relación contractual entre la institución y particulares, marcando una distinción clara entre la seguridad privada y la intervención de instituciones gubernamentales.